Están hartos de su ineptitud, frivolidad, sectarismo e imposturas. Bajo tal grado deterioro de su crédito, les ha entrado una prisa enorme por tramitar leyes ideológicas con las que, por ejemplo, privar de acceso a los recurso públicos a los padres y colegios que, “supuesta” la libertad de enseñanza, optan por el modelo de enseñanza diferenciada entre chicos y chicas o, en otro campo de gran importancia, colar una ley reguladora de la “muerte digna” con muy sutiles y sospechosas ambigüedades. Visto lo ocurrido con la ley del aborto patrocinada por un personaje como la Aido ¿qué confianza se puede tener en las intenciones reales de una ley sobre la muerte patrocinada por un personaje como la Pajín? En vez de “ingenieras sociales” mejor nos habría ido si fueran ingenieras industriales.
Las escopetas las cargaba el diablo. Lo digo en pasado porque hoy en día lo que carga son las ruedas de prensa. Quizás sea porque, con el tiempo, Orugario, de la mano de su tío y maestro Escrutopo, ha descubierto que la prensa te explota en la cara mejor que una escopeta. Le pasó a Carmen Chacón en El Epílogo de Tomelloso. “Estamos en el prólogo –dijo- de cosas maravillosas”. Orugario ha conseguido que el prólogo del 22M fuera el epílogo de sus aspiraciones políticas. Una maravilla, of course.
Otra le ocurrió ni más ni menos que al Cardenal de Madrid. Estando en el Foro Nueva Sociedad para presentar la próxima venida del Papa, en agosto próximo, para presidir las jornadas mundiales de la juventud, algún periodista le preguntó sobre la Ley Pajín y el bueno de monseñor Rouco, sin recordar que la prensa la carga el taimado Escrutopo, dijo aquello de “ Yo no he leído el texto, lo han hecho mis colaboradores y no se trata de una ley de eutanasia”. El centro de la rueda de prensa, la visita del Papa y la JMJ, pasó a segundo plano. Lo que la prensa enfatizó fue el “positivo” comentario del Cardenal sobre la polémica ley Pajín de la “muerte digna”. La prensa de izquierda aplaudió. Los sectores provida más activos quedaron atónitos. El Cardenal debe ser consciente –decían- que su juicio es muy cualificado, de manera que si no ha leído personalmente el texto puede haber sido imprudente trasladar la opinión de sus colaboradores sin caer en cuenta que le sería atribuida a su autoridad. Menos mal que, según añadió el propio Cardenal, la Iglesia “trabaja en un análisis interno del texto”. Parece razonable sugerir que, en tal supuesto, haya menos improvisación y mas presencia de aquellos profesionales expertos y movimientos civicos provida, no sea que en cuestiones de razon y derecho natural la ausencia de unos y el exceso de protagonismo jerárquico pueda dar la impresión que la postura contra la eutanasia, como en su día contra el aborto, se sustenta sólo en argumentos de fe religiosa sólo validos para creyentes
El anteproyecto de “ley reguladora de los derechos de la persona ante el proceso final de su vida” plantea una primera cuestión de oportunidad política. La muerte es un hecho biográfico muy importante del que ningún ciudadano quedará exento. Afecta al paciente, a su entorno familiar, al personal facultativo, a los centros médicos públicos y privados, y a la administración sanitaria, en especial de las Comunidades Autónomas. La regulación de los procesos terminales requiere un gran consenso social y político, con un protagonismo experto de los cuerpos facultativos más experimentados y una correspondiente dotación de equipos especializados en paliativos.
De manera que la primera duda razonable es si el Gobierno Zapatero y su ministra Pajín, en la objetiva circunstancia de descrédito y desconfianza que padecen hoy día ante la ciudadanía y dadas su conocidas afinidades con los sectores proeutanasia, son los más idóneos gestores de una ley de tamaña importancia para todos los ciudadanos. Las prisas en tramitarla aumentan esta inconveniencia y las sospechas. El texto del anteproyecto define, en su art. 1, los dos objetivos principales. Primero, la protección de la dignidad de las personas en los procesos terminales de la vida. Segundo, el garantizar el pleno respeto a la voluntad del paciente en la toma de decisiones sanitarias. Nada que objetar al primer principio. Pero el segundo va a ser fuente de muchos problemas, si se mantiene con una radicalidad de raíz ideológica y, además, se refuerza en la praxis prevista en el art. 11, 2 c, en relación con los arts. 15, 3 y el 17, 2. ¿Por qué? Porque la voluntad del paciente, por muy suya y libre que sea, no garantiza que lo que quiere sea lo mejor para él y para la lex artis, es decir, honorable y correcto para la buena praxis médica. Una cosa es la dignidad del paciente y otra que su voluntad sea digna.
Los pacientes en procesos terminales –cuyo pronóstico se reduce a semanas o meses- y sus entornos familiares sufren situaciones físicas y psicológicas muy duras, intensas y cambiantes. Convertir la voluntad del paciente –o de su representante y familiares, si aquel estuviere incapacitado- en derecho a decidir las intervenciones y tratamientos médicos, y no sólo los necesarios para paliar el dolor y sufrimiento, sino incluso los que tienen como efecto el acortar la vida o ponerla en peligro inminente (arts. 4 y 6, 1) puede ser una vía que encubre una práctica positivamente eutanásica, sobre todo si se tiene en cuenta que el texto de ley asegura la falta de responsabilidad para el personal sanitario que haya actuado así cumpliendo los deseos del paciente, su representante o sus familiares.
La experiencia enseña que no siempre que el entorno familiar o sanitario acorta la vida de un terminal lo es en su favor, aunque esa sea la excusa. En estos detalles, el anteproyecto de ley favorece que pueda desdibujarse la diferencia entre la sedación terminal y la eutanasia, de manera que la intención sedativa terminal de paliar los sufrimientos sea sustituída, usando el proceso sedativo, por la de provocar la muerte.
No hay un argumento sólido para negar al personal médico y sanitario ya no sólo la objeción de conciencia, sino la de ciencia. No siempre los cuadros médicos estarán de acuerdo en la naturaleza terminal y sus pronósticos, de manera que es muy razonable permitir la garantía de la objeción de ciencia y conciencia. Su negativa tan radical no deja de ser sospechosa de un trágala ideológico. En suma, ¿por qué en cuestión de tanta trascendencia no se camina con menos prisas y más mesura?
