13/06/2012
La
Consejera de Salud y Bienestar Social de la Junta de Andalucía, María Jesús
Montero, ha anunciado en la Comisión de Salud del parlamento andaluz un
conjunto de seis nuevas disposiciones legales con las que, según ha informado
ABC de Andalucía, pretende «blindar lo público» ante los «embates neoliberales»
del Gobierno de Rajoy.
Entre
dichas normas se incluye una ley de objeción de conciencia en el ámbito
sanitario, que ha sido interpretada por la oposición como un intento de
“complicar que los profesionales sanitarios puedan a acogerse a ese derecho en
temas tan sensibles como el aborto o la ley de muerte digna”.
Asimismo
y a través de una ley de “garantías del sistema sanitario público”, la Junta de
Andalucía pretende “la mejora de la calidad y de la accesibilidad de los
servicios públicos de atención a la interrupción voluntaria del embarazo” (por
el aborto). La consejera, siempre según ABC de Andalucía, fue muy clara en ese
sentido: «Se combatirá cualquier retroceso en este terreno».
Ante
estos anuncios, la Asociación Nacional para la Defensa del Derecho a la
Objeción de Conciencia (ANDOC) emitía ayer una nota de prensa en la que
denunciaba que la Junta de Andalucía “amaga con dar el jaque mate definitivo al
derecho a la objeción de conciencia sanitaria”.
Para
ANDOC la iniciativa no pasaría de ser una escaramuza más del pulso que mantiene
el Gobierno PSOE-IU contra el Gobierno central, con el fin de crear un clima de
tensión en aquellos temas en los que ideológicamente trata de distinguirse, si
no fuera por el largo historial de la Junta en su acoso contra la objeción de
conciencia sanitaria.
A la
espera de conocer más detalles sobre esa “ley”, según ANDOC habría que
preguntarse:
1º Si
la Junta es consciente de que legislar sobre derechos reconocidos
constitucionalmente es una materia reservada al Estado.
2º Si
no se trata de dar una “vuelta de tuerca” a la ya grave situación de los
profesionales sanitarios que la Junta considera disidente, obligándoles a
apuntarse a una “lista negra”.
Desde
hace años, es patente la oposición y desconfianza de la Junta hacia la objeción
de conciencia en general y los objetores, en particular. Tras más de 10 años de
acoso a los farmacéuticos objetores, y de “borrar” el derecho a la objeción de
conciencia de su ley de muerte digna, concentró sus “tics” ideológicos, a
partir de la ley del aborto, en los profesionales sanitarios de Atención
Primaria.
El
gobierno andaluz puede presumir, entre sus colegas de otras Comunidades de
ostentar el funesto record de profesionales sanitarios (más de 40 casos en poco
más de un año), abocados a acudir para hacer valer su derecho a la objeción de
conciencia, tras haber seguido éstos la vía que establece la Ley 2/2010:
comunicación anticipada y por escrito de su objeción. Paralelamente a su
política de imponer el aborto como derecho en sus centros de Salud, trata de
amedrentar y discrimina de hecho a los médicos de familia objetores, mediante
normas arbitrarias, que les marginan en los procesos de calificación y
promoción profesional.
ANDOC
presentó el verano pasado ante el Consejo de Europa un amplio Informe sobre las
numerosas vulneraciones de este derecho entre los sanitarios andaluces. Ese
informe se sustanció en una interpelación parlamentaria, firmada por más de 20
parlamentarios de distintos países.
Con
estos antecedentes, continua la nota de ANDOC, no tiene nada de extraño que el
balance que presenta Andalucía respecto a la práctica del aborto sea demoledor:
es la segunda Comunidad española (a corta distancia de Cataluña) en número de
abortos de menores de 19 años (3152 en 2010; 15% sobre el total de 20543
abortos); y en número de clínicas abortistas acreditadas (18); que obtienen más
del 90% del erario público.
Paradójicamente,
concluye, mientras la Junta financia generosamente (en un momento de crisis
económica) la industria del aborto, deniega cualquier tipo de ayuda pública a
entidades que tratan de ayudar a mujeres embarazadas con riesgo de aborto, que
quieren ser madres. En España son ya 10 Comunidades las que han aprobado
iniciativas legislativas en defensa de la maternidad (en algunas con el voto
favorable de parlamentarios socialistas). El Parlamento andaluz, sin embargo,
rechazó en octubre de 2007 una iniciativa popular semejante (la primera que se
presentaba en 25 años) a pesar de que se presentaron casi 100.000 firmas
válidas.
Teresa
García-Noblejas 25/05/2013
