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domingo, 12 de mayo de 2013

[Aborto] al rojo vivo



El debate del aborto está alcanzando cotas inéditas de crispación, y eso es lo mejor que nos podía pasar como país. Era una vergüenza que tuviésemos aquí 300 abortos al día y que unos y otros mirásemos para otro lado.

 
Artículo de Enrique García-Maiquez, poeta / www.diariodecadiz.es


Yo me alegro, además, porque el encendido debate favorece la causa de la vida. Primero, porque permite poner sobre la mesa los argumentos científicos que hoy por hoy demuestran sin género de dudas que cada embrión es un ser humano irrepetible. Segundo, porque aflora lo biográfico. Cuántas historias felices de abortos que en el último momento no se realizaron, arrepentimientos que las madres consideran lo mejor de sus vidas; frente al amargo dolor de tantas que, con frecuencia presionadas por las circunstancias, abortaron. Hay que luchar, se concluye, contra esas circunstancias.

En tercer lugar, las explicaciones de los abortistas, a poco que se ponen a darlas, terminan mostrando la cruda ideología que los sostiene. En defensa del aborto eugenésico se están oyendo insultos terribles a los discapacitados, a los que se considera indignos de vivir, si puede evitarse a tiempo. Hay un darwinismo salvaje, al que conviene que todos le veamos la cara. Y hay insultos muy violentos a los defensores de la vida: la diputada Beatriz Escudero está siendo amenazada por los abortistas, incluso con violarla, y a su hija. Por supuesto, la mayoría de los partidarios del aborto no cometen esas atrocidades, pero ha de hacerles pensar hasta dónde llegan sus más concienciados correligionarios.

Desde el otro bando, han producido escándalo algunas declaraciones, especialmente las del ministro Fernández Díaz. Pero casi mejor: la sociedad tiene que entender que, para muchos de nosotros, el aborto siega vidas tan dignas como cualquiera otras.
Vivir en un Estado que ampara esa práctica nos produce problemas de conciencia y dudas sobre su legitimidad, que están bien que afloren y se confronten. Se llama tontos a unos, nazis a otros, y más cosas. Con una última barrera de mínima urbanidad, la cuestión lo merece. Es de justicia que nos destrocemos dialécticamente cuando a miles de fetos los destrozan -sin metáfora, consulten los métodos aplicados- en sus vientres maternos.














lunes, 10 de septiembre de 2012

¿Quién habla en nombre de las mujeres?”




En la convención republicana celebrada en Tampa (Florida), Ann Romney se dirigió a las madres, a las esposas, a las abuelas, a las hermanas y a las hijas con un tono de complicidad.

Artículo de Juan Messeguer / www.aceprensa.com



“Vosotras sois las que tenéis que hacer un poco más y sabéis lo que es tener que ganar un poco más; ganar el respeto que os merecéis en el trabajo y después llegar a casa y ayudar a que los deberes se hagan”.

Después vinieron algunas anécdotas familiares: los años de recién casada con sus dietas de pasta y atún; el buen humor de su marido Mitt; las tardes de lluvia con cinco niños gritando a la vez en casa; su sufrimiento con la esclerosis, el cáncer de mama y un aborto espontáneo que tuvo hace un par de décadas...

Ann concluyó su discurso con la afirmación de que se siente “la mujer más afortunada del mundo” y pidió el voto para su marido. Entonces Mitt apareció en escena. Se besaron. De fondo, la música de My Girl... Todo muy republicano. Eso sí, ningún atisbo de lo que a los demócratas les ha dado por llamar la “guerra contra las mujeres”.

Refuerzo “pro-choice” entre los demócratas
En la versión demócrata, esta guerra consiste en la oposición que muchos republicanos –mujeres y hombres– están llevando a cabo frente a la ampliación por parte del gobierno de Obama de los llamados derechos reproductivos de las mujeres.

Esta acción de los republicanos se concreta principalmente en tres frentes: el impulso de medidas restrictivas al aborto en diversos estados; la retirada de algunos beneficios fiscales concedidos a organizaciones abortistas como Planned Parenthood; y la oposición a la norma del Ministerio de Sanidad que impone –también a instituciones de inspiración religiosa– la obligación de financiar anticonceptivos, la píldora del día siguiente y la esterilización en el seguro sanitario.

Para hacer frente a la ofensiva republicana, los demócratas han puesto en primera fila de su campaña a mujeres “pro-choice”. Así, en agosto presentaron diez nuevos rostros femeninos que aspiran a llevar aire fresco a la convención demócrata, iniciada el 4 de septiembre en Charlotte (Carolina del Norte). La más conocida es la activista Sandra Fluke, para quien “las políticas del Partido Republicano representan un peligro para las mujeres”.

La decisión de fichar a Fluke y compañía ha sido muy celebrada por la vieja guardia feminista. Dice Jodi Jacobson, editora de una web sobre salud reproductiva, que Fluke “habla en nombre de una nueva generación de mujeres jóvenes”. Y Nancy Keenan, presidenta de NARAL Pro-Choice America, no oculta su alegría al ver que el partido del burro sigue contando con ella: “Estoy orgullosa de que el Partido Demócrata vuelva a reafirmar su compromiso de proteger los derechos reproductivos de las mujeres a través de esta plataforma, y de que elija a tantas portavoces ‘pro-choice’ para su convención”.

Mujeres que hablan por sí mismas
Hablar en nombre de un colectivo tiene sus riesgos. Sobre todo, si ese colectivo no te ha elegido como su portavoz. Cuando Fluke dice que las medidas antiabortistas de los republicanos son peligrosas para las mujeres, ¿en nombre de qué mujeres habla?

“Aquellas que pretenden representar nuestros intereses nunca han venido a pedirnos autorización para representarnos”, escribe Sheila Liaugminas en MercartorNet. “No nos conocen, no nos entienden, no se preocupan realmente por nosotras. Igual que fuimos utilizadas una vez sin nuestro consentimiento para satisfacer los deseos sexuales de otros, continuamos siendo utilizadas sin nuestro permiso para satisfacer los objetivos políticos de otros”.

Mientras algunas aspiran a convertir “en nombre de las mujeres” el aborto o la anticoncepción en dogmas incuestionables, otras prefieren hablar por sí mismas y defender sus propios valores. Es lo que hacen las más de 33.000 mujeres que comparten los principios de “Women Speak For Themselves”.

La historia de esta iniciativa la cuentan en National Review Online sus autoras, Helen M. Alvaré y Kim Daniels, profesora de Derecho en la George Mason University School of Law, la primera, y exabogada del Thomas More Law Center, la segunda.

Cuando el pasado enero el Ministerio de Sanidad de EE.UU. anunció que obligaría también a las instituciones de inspiración religiosa a financiar anticonceptivos, la píldora del día siguiente y la esterilización en los seguros de sus empleados, los obispos estadounidenses denunciaron lo que consideraban una violación de la libertad religiosa.

Rápidamente, el gobierno de Obama se apresuró a llevar la polémica al terreno de los derechos reproductivos. Mientras los obispos invocaban el respeto a la conciencia y a la libertad religiosa, el gobierno hacía lo propio con la “salud de las mujeres”. Una vez planteado el debate en estos términos, Nancy Pelosi y otras demócratas se propusieron desautorizar la oposición de los obispos al mandato de Obama con la siguiente pregunta: “¿Dónde están las mujeres?”.

Carta abierta
Aquello le pareció demagógico a Alvaré y Daniels. Invocar la salud de las mujeres para callar la boca a todo aquel que discrepara con quienes pretendían atentar contra sus creencias más hondas era muy poco honrado. De modo que las dos juristas escribieron una carta abierta dirigida a Obama para decirle que nadie puede atribuirse el monopolio para hablar en cuestiones de salud.

“No es razonable –explica Alvaré– que unos pocos grupos hablen en nombre de todas las mujeres en temas como la vida, la familia, la sexualidad o la religión. Las más de 31.000 mujeres [ahora son más de 33.000] que han firmado la carta abierta ya no se van a quedar sentadas en silencio mientras unos pocos políticos y sus aliados insisten en que la libertad religiosa tiene que doblegarse ante la teoría –la ideología, más bien– de que el núcleo de la libertad de las mujeres es la expresión sexual sin compromiso”.

Al principio, hicieron circular la carta entre varias docenas de amigas. A ella se fueron adhiriendo mujeres de muy diversas profesiones. En 72 horas habían conseguido cerca de 750 firmas, también de fuera de EE.UU. Al ver el éxito cosechado, se decidieron a lanzar una web.

En la carta, Alvaré y Daniels brindan su apoyo a la Iglesia católica para que siga ofreciendo en un clima de libertad sus enseñanzas sobre la sexualidad, el matrimonio y la familia. La carta está abierta a creyentes y no creyentes, como también lo está a demócratas, republicanos e independientes.

Carol, una de las firmantes, escribe: “Soy una mujer ‘pro-choice’ que respeta los derechos de las demás mujeres a sostener otros puntos de vista. En concreto, espero que el gobierno –en conformidad con la Constitución– proteja a cualquier persona para que no se vea forzada a actuar en contra de su conciencia. El mandato del Ministerio de Sanidad es una violación fundamental de nuestros derechos a la libertad de expresión y de religión”. Carol ha dado una lección al gobierno de Obama. Aunque ella es “pro-choice”, no le importa ponerse al lado de las provida en esta ocasión para defender la conciencia de quienes deciden pensar y vivir de forma diferente. No teme, a diferencia del Partido Demócrata, la diversidad de opiniones de las mujeres.








sábado, 25 de agosto de 2012

Educación afectivo-sexual: Esperanza Aguirre respalda el ‘consentimiento informado’ de los padres, promovido por MEL




La dinámica plataforma de padres Madrid Educa en Libertad (MEL), ha difundido una carta en la que hace balance de seis años de lucha por la libertad de educación, iniciada con la resistencia de la sociedad civil -articulada en un gran número de plataformas de padres-  a la imposición de las asignaturas de Educación para la Ciudadanía (EpC).

A lo largo de estos años, recuerda la carta, se han ido abriendo nuevos frentes, como son los talleres de educación afectiv-sexual, los cambios en las leyes educativas, el proyecto de nueva Educación Cívico Constitucional, etc…

MEL subraya también que los padres han conseguido pequeñas victorias gracias a la colaboración de muchas personas. Entre ellas destaca la aceptación por la Administración educativa madrileña del escrito de “consentimiento informado” con el que se consigue los padres sean informados de la organización de cualquier actividad complementaria o extraescolar que incida en la educación afectivo-sexual de sus hijos y puedan prestar su consentimiento. Este importante paso –destaca también la nota– “supone un freno para la avalancha indiscriminada de ideología sexual en la escuela”.

MEL elaboró un  “Informe sobre Educación afectivo-sexual a escolares y jóvenes de la Comunidad de Madrid” y fue el Defensor del Madrid de Madrid el que recomendó a la administración educativa que se pudiera en marcha el “consentimiento informado” de los padres.

El pasado 29 de mayo ha sido la propia Presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, quien ha refrendado esta iniciativa. En una carta diigida a María Menéndez, portavoz de MEL, Aguirre subraya que tras las quejas al Defensor del Menor se dieron instrucciones desde la Consejería de Educación “para que los propios centros escolares informasen a los padres de cualquier actividad complementaria o extraescolar que se fuera a realizar. Una medida que también incluye la obligatoriedad acerca de quien impartiría dichas actividades, con el fin de que los padres pudieran conocer con antelación el contenido de las mismas y prestar su consentimiento para la participación de sus hijos en dichas actividades”.

Esperanza Aguirre finaliza su carta a MEL señalando que “para la Comunidad de Madrid las opiniones y propuesta de los padres son una prioridad para garantizar una educación de calidad y dentro del ámbito del respeto de la libertad individual”.






Modelo de consentimiento informado de los padres.

SOLICITUD DE INFORMACION PREVIA Y CONSENTIMIENTO EXPRESO  


Sr/a. Director/a del Centro educativo D. / Dª
Domiciliado/a en                                        , calle                                                    piso   

Como padre/madre o tutor/a legal del alumno/a
y frente a la reiterada voluntad de la Administración de introducir en la enseñanza reglada contenidos obligatorios que reflejan tomas de posición sobre problemas sobre los que no existe un generalizado consenso moral en la sociedad española1, ya sea en el conjunto de asignaturas que integran el área de Educación para la Ciudadanía o en los inminentes desarrollos educativos previstos en la Ley de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo, solicito del Centro la pertinente información previa sobre cualquier materia, charla, taller o actividad que afecte a cuestiones morales socialmente controvertidas, de tal modo que pueda evaluarla con anterioridad y prestar, o no, mi consentimiento expreso para que mi hijo/a asista a dicha formación.

Asimismo considero necesario que la información previa que se facilite refleje la descripción de la actividad, sus contenidos, programación, materiales, fecha y duración y la persona, personas y, en su caso, entidad a la que pertenezcan, que tengan prevista su impartición.

De no contar con dicha información previa y sin mi autorización expresa y firmada previamente a su impartición, solicito del Centro que se exima la asistencia de mi hijo/a a dicha actividad, facilitándole la posibilidad de realizar una tarea alternativa en el Centro durante la impartición de la actividad no autorizada por mí.

Agradezco de antemano la colaboración del Centro para salvaguardar los derechos que me asisten2 como padre/madre en las cuestiones que afectan a la formación moral de mis hijos.

En                    , a      de                             de 20    





Firmado:                                                                      
D.N.I.:


Cumplimentar e imprimir dos copias que deben sellarse en la Secretaria del Centro: una para el Centro y otra para los padres.

Para cualquier duda o aclaración ponerse en contacto con info@profesionalesetica.org

______________________________

1. El Tribunal Supremo en sus sentencias de fecha 11 de febrero de 2009, ha establecido como doctrina que el deber jurídico de cursar las asignaturas de Educación para la Ciudadanía “no autoriza a la Administración educativa -ni tampoco a los centros docentes, ni a los concretos profesores- a imponer o inculcar, ni siquiera de manera indirecta, puntos de vista determinados sobre cuestiones morales que en la sociedad española son controvertidas”. Igualmente, destacan dichas sentencias que el hecho de que existan asignaturas obligatorias “no deben ser pretexto para  tratar de  persuadir a los alumnos sobre ideas y doctrinas  que -independientemente de que estén mejor o peor argumentadas- reflejan tomas de posición sobre problemas sobre los que no existe un generalizado consenso moral en la sociedad española”.

2. De conformidad con lo previsto en el articulo 27.3 de la Constitución Española, los poderes públicos deben garantizar el derecho de los padres a que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones. Este derecho referido se debe poner en práctica respetando el derecho a la libertad ideológica, religiosa y de culto, reconocido asimismo en el Texto Constitucional (articulo 16 C.E.).





lunes, 20 de agosto de 2012

La Junta de Andalucía amenaza con blindar el aborto y restringir aun más el derecho a la objeción de conciencia sanitaria


13/06/2012

La Consejera de Salud y Bienestar Social de la Junta de Andalucía, María Jesús Montero, ha anunciado en la Comisión de Salud del parlamento andaluz un conjunto de seis nuevas disposiciones legales con las que, según ha informado ABC de Andalucía, pretende «blindar lo público» ante los «embates neoliberales» del Gobierno de Rajoy.

Entre dichas normas se incluye una ley de objeción de conciencia en el ámbito sanitario, que ha sido interpretada por la oposición como un intento de “complicar que los profesionales sanitarios puedan a acogerse a ese derecho en temas tan sensibles como el aborto o la ley de muerte digna”.

Asimismo y a través de una ley de “garantías del sistema sanitario público”, la Junta de Andalucía pretende “la mejora de la calidad y de la accesibilidad de los servicios públicos de atención a la interrupción voluntaria del embarazo” (por el aborto). La consejera, siempre según ABC de Andalucía, fue muy clara en ese sentido: «Se combatirá cualquier retroceso en este terreno».

Ante estos anuncios, la Asociación Nacional para la Defensa del Derecho a la Objeción de Conciencia (ANDOC) emitía ayer una nota de prensa en la que denunciaba que la Junta de Andalucía “amaga con dar el jaque mate definitivo al derecho a la objeción de conciencia sanitaria”.

Para ANDOC la iniciativa no pasaría de ser una escaramuza más del pulso que mantiene el Gobierno PSOE-IU contra el Gobierno central, con el fin de crear un clima de tensión en aquellos temas en los que ideológicamente trata de distinguirse, si no fuera por el largo historial de la Junta en su acoso contra la objeción de conciencia sanitaria.

A la espera de conocer más detalles sobre esa “ley”, según ANDOC habría que preguntarse:

1º Si la Junta es consciente de que legislar sobre derechos reconocidos constitucionalmente es una materia reservada al Estado.

2º Si no se trata de dar una “vuelta de tuerca” a la ya grave situación de los profesionales sanitarios que la Junta considera disidente, obligándoles a apuntarse a una “lista negra”.

Desde hace años, es patente la oposición y desconfianza de la Junta hacia la objeción de conciencia en general y los objetores, en particular. Tras más de 10 años de acoso a los farmacéuticos objetores, y de “borrar” el derecho a la objeción de conciencia de su ley de muerte digna, concentró sus “tics” ideológicos, a partir de la ley del aborto, en los profesionales sanitarios de Atención Primaria.

El gobierno andaluz puede presumir, entre sus colegas de otras Comunidades de ostentar el funesto record de profesionales sanitarios (más de 40 casos en poco más de un año), abocados a acudir para hacer valer su derecho a la objeción de conciencia, tras haber seguido éstos la vía que establece la Ley 2/2010: comunicación anticipada y por escrito de su objeción. Paralelamente a su política de imponer el aborto como derecho en sus centros de Salud, trata de amedrentar y discrimina de hecho a los médicos de familia objetores, mediante normas arbitrarias, que les marginan en los procesos de calificación y promoción profesional.

ANDOC presentó el verano pasado ante el Consejo de Europa un amplio Informe sobre las numerosas vulneraciones de este derecho entre los sanitarios andaluces. Ese informe se sustanció en una interpelación parlamentaria, firmada por más de 20 parlamentarios de distintos países.

Con estos antecedentes, continua la nota de ANDOC, no tiene nada de extraño que el balance que presenta Andalucía respecto a la práctica del aborto sea demoledor: es la segunda Comunidad española (a corta distancia de Cataluña) en número de abortos de menores de 19 años (3152 en 2010; 15% sobre el total de 20543 abortos); y en número de clínicas abortistas acreditadas (18); que obtienen más del 90% del erario público.

Paradójicamente, concluye, mientras la Junta financia generosamente (en un momento de crisis económica) la industria del aborto, deniega cualquier tipo de ayuda pública a entidades que tratan de ayudar a mujeres embarazadas con riesgo de aborto, que quieren ser madres. En España son ya 10 Comunidades las que han aprobado iniciativas legislativas en defensa de la maternidad (en algunas con el voto favorable de parlamentarios socialistas). El Parlamento andaluz, sin embargo, rechazó en octubre de 2007 una iniciativa popular semejante (la primera que se presentaba en 25 años) a pesar de que se presentaron casi 100.000 firmas válidas.